Beneficiarios ausentes y presentes están vendiendo sus derechos o arrendando el pasto de sus parcelas.
Para muchos, Las Catas y Corinto, especie de predios siameses, están asociados a la lucha por la tierra en Ayapel, Córdoba. Lucha ardua librada por campesinos en 1973 cuando ocuparon una porción mínima de esa inmensidad de miles de hectáreas de tierras ociosas o baldíos pletóricas de vegetación, agua y animales de caza.
Bastó que entraran a limpiar y sembrar para que aparecieran personas con supuestos o reales títulos de propiedad, amenazas de hombres armados y piquetes de policía desalojando a los llamados invasores. Resultado: gritos, escaramuzas, detenciones y golpes. Nadie olvida la crueldad del hecho que le tocó soportar a Eduardo Mendoza, contado por David Sánchez Juliao en su libro Historias de Racamandaca.
«A Eduardo lo colgaron de una rama de totumo para quemarlo, acusado de robar una silla, un radio y un portamoneda con 150 pesos, que nunca se robó. Todo porque nos metimos a quitarle 500 hectáreas de aquellas 18 mil que decían tenía Corinto». El fuego hizo estragos en los pies, las piernas, los genitales y el bajo vientre que lo dejaron imposibilitado para siempre ¿Hasta qué punto estos hechos y otros similares, influyen en el ánimo de los campesinos que en la actualidad ocupan o no han ingresado todavía a Las Catas?
Este predio se halla en el corregimiento Palotal, Ayapel. Al parecer tomó el nombre del caño que pasa por Marralú, corregimiento vecino. Está situado a 20 y 17 kilómetros de las cabeceras de Ayapel y La Apartada, respectivamente. Su área es de 4.672 hectáreas. En 1986 figuraba como dueño Luis Galeano Berrío, lo explotaba la empresa Ganadería La Unión Limitada que gerenciaba José Botero Restrepo. En 1997 Luis Galeano compartía la propiedad con su pariente Rafael Galeano Zuleta.
En el 2000 fue incautado por la Fiscalía 31 de Bogotá a los hermanos Moncada -José Francisco, William y Gerardo-, reconocidos por sus actividades de narcotráfico. En el 2004 pasó a manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, ya desaparecida. El mismo año la entregaron en administración a la Asociación de Suboficiales Retirados, de Montería. En el 2005 fue asignado provisionalmente al Incoder.
El cuatro de julio de 2006 se entregó a 274 familias de campesinos sin tierra y víctimas del conflicto. El 12 de enero de 2012 el presidente Juan Manuel Santos, hizo entrega personal y protocolaria. Al entregar el Incoder en el 2006, «el predio contaba con 2.168 hectáreas en pasto, 1.300 en rastrojos, 1.000 en humedales que permanecen inundados seis meses al año y 200 en forestales protectoras».
Las 274 familias seleccionadas llegaron de Ayapel, Tierralta, Montería, Montelibano y Uré agrupadas en 16 asociaciones, ocho de ellas de desplazados que luego se fusionaron en una. El número de familias que permanece estable en el terreno es de 130, dedicados a la ganadería en pequeña escala y a 30 hectáreas sembradas con arroz, yuca, plátano, ñame y patilla. Las familias de la parte baja, la inundable, cuentan con 55 viviendas provisionales por ser damnificados de la ola invernal.
Algunos beneficiarios ausentes y otros presentes están vendiendo sus derechos o arrendando el pasto de sus parcelas a ocho mil pesos la hectárea mensual. Al parecer la tierra arrendada supera las 600 hectáreas. Un diario local informó que al área llegaron «terratenientes y ganaderos de Antioquia y Ayapel alquilando pastos para el ganado y después hicieron firmar a muchos promesas de compraventa». El temor está presente, todos lo sienten aunque no lo manifiesten.
Líderes u orientadores cuidan sus palabras, calculan sus acciones, saben que hace menos de dos años hizo presencia un grupo armado ilegal, que el proceso del predio lleva a cuestas muertos, amenazados y desplazados. En fin, la esperanza que les generó el proyecto hace varios años terminará hecha pedazos si no se atiende con prontitud. Según fuentes de Minagro, Las Catas representa «la apertura de un proceso de desarrollo económico y convivencia social en lo que fueron escenarios del conflicto armado con fuerte presencia de narcocultivos».
La gerencia del Incoder estima que con este proyecto «arranca en forma la política de desarrollo rural que acompañará y complementará la de tierras que ya se inició y se verá dinamizada por la puesta en ejecución de la ley de víctimas y restitución de tierras». Existen conocimientos y experiencias que deben tenerse en cuenta y valorarse al momento de definir proyectos, programas y políticas para el predio. Esperemos que así sea.(Condensado)
