En el Bajo Cauca antioqueño todas las bandas criminales que operan allí tienen en sus nóminas a miembros de la Fuerza Pública. La pregunta es ¿cómo evitarlo?
“Sabe qué, 99,9 Gaitanista” le dice un agente de la Policía destacado en la estación de Tarazá a un mando medio de la llamada banda criminal emergente Los Gaitanistas, meses antes de convertirse en estructura armada ilegal hoy conocida como los Urabeños y que opera en esta localidad del Bajo Cauca antioqueño y en diversas regiones del Caribe colombiano.
La afirmación del agente policial, escuchada a través de una interceptación telefónica, es reveladora por cuanto demuestra hasta dónde llega el compromiso de sectores de la Fuerza Pública con las llamadas bandas criminales emergentes, Bacrim.
Los archivos que contienen referencias a esos pagos fueron encontrados en zona rural de Cáceres, hasta donde llegaron las autoridades conducidas por dos ex miembros de esta estructura criminal que horas antes habían asesinado a Ángel de Jesús Pachecho Chancí, alias ‘Sebastián’, máximo jefe de Los Rastrojos.
La conversación telefónica fue interceptada el año pasado por organismos de seguridad en desarrollo de una investigación a través de la cual pretendían desvertebrar redes de apoyo que construían los Gaitanistas a su llegada a Tarazá para disputarle el territorio a los Rastrojos y apoderarse del negocio del narcotráfico. En ese diálogo queda demostrado que los nexos de las Bacrim con sectores de la Policía no son supuestos, que en esas redes hay agentes de todos los rangos y que también son objeto de disputa entre estructuras criminales, pues sin su colaboración es improbable que un grupo armado ilegal de origen paramilitar alcance el dominio de una zona en particular, sobre todo si en ella hay cultivos de hoja de coca o es una ruta clave para el narcotráfico.
En la conversación se hace alusión a una mujer que identifican como ‘La Mona’. Se trata, según informes de policía judicial, de Marelys Reyes Castillo, una mujer de Tarazá, que desde la llegada de Los Gaitanistas a la localidad se sumó a ellos en trabajos de inteligencia y reclutamiento de agentes de Policía.
Tanto la conexión de algunos agentes de la Policía con los llamados Gaitanistas o Urabeños, como la que se viene revelando en el caso de los Rastrojos en el Bajo Cauca, abren un debate sobre el papel de algunos sectores de la Fuerza Pública con las llamadas Bacrim, pues las evidencias poco a poco van mostrando una connivencia que afecta la institucionalidad.
Sugiero algunas preguntas: ¿Estas alianzas evidencian una línea de continuidad entre el paramilitarismo de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) del pasado y las Bacrim del presente? ¿Tiene la Dirección Nacional de la Policía una estrategia de control interno y de contrainteligencia para detectar aquellos sectores de la Fuerza Pública involucrados con estructuras criminales?
No se trata de un simple problema de corrupción, sino de un asunto mucho más grave y complejo, pues detrás de esas macabras alianzas se cometen homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados, tráfico de alcaloides y de armas, y se se compromete la credibilidad de las instituciones.. Ese es el problema de tener policías 99,9 por ciento Gaitanistas, o Rastrojos, o Paisas, o Narcos. (Condensado de Semana.com )
