A pesar de sus reclamos pacíficos y persistentes y una espera de 16 años, 46 indígenas zenúes fueron muertos por grupos armados ilegales que pugnaban por apoderarse de sus tierras.
Puerto Libertador, Córdoba.– La incertidumbre y la zozobra quedaron atrás.
El dolor causado por la muerte de muchos de sus miembros, será conservado en la memoria, venerado cada año y superado con el trabajo en esta especie de tierra de promisión reconquistada, donde siglos atrás habitaron sus antepasados los verdaderos y legítimos dueños de todas las tierras de América. Desde que pisó tierra americana el invasor español, germinó la desgracia para nuestros aborígenes persuadidos con una cruz o sometidos con una espada. Con todo, el proceso de exterminio y despojo no ha cesado. Ahora hasta se viste de frac.
Todas estas reflexiones las tiene claras Israel Manuel Aguilar Solano, gobernador y cacique mayor del Resguardo Indígena Zenú del Alto San Jorge.
El Incoder legitimó dicho resguardo de 960 hectáreas, a través del Acuerdo 336 del 27 de mayo de este año y formalizado en julio pasado en Montelíbano.
El cacique mayor precisó que este lugar fue constituido con siete predios adjudicados por el desaparecido Incora en 1998 y asentadas cinco comunidades, -315 familias de 1.301 personas- de las 34 existentes. Las 34 comunidades suman 3.500 familias para un total de 16.952 personas. En otras palabras, un gran segmento de esta población indígena carece de asentamientos propios o legalizados. Y esta es la segunda etapa de la lucha que deben proseguir siempre con una bandera blanca en sus manos: recuperar más tierras, que deberá avalar el Estado a través del Incoder. «Cuando proliferaron grupos armados notamos resistencia porque hacíamos caso omiso a lo que denominaban control de territorio. Nos declaraban objetivo militar o nos decían que éramos sus opositores y por no iban a aceptar lo que dijera un indio», recuerda el gobernador zenú.
«Hemos decidido que cada comunidad solicite su territorio donde esté ubicado. No nos vamos a mover de donde estamos. Las comunidades que integran este proceso están dispersas en los ocho municipios de la subregión del Alto San Jorge, al sur de Córdoba: Puerto Libertador, Planeta Rica, San José de Uré, Montelíbano, Buenavista, La Apartada, Pueblo Nuevo y Ayapel. Entonces, de manera concertada van a hablar con dueños de predios para que vendan al Estado y éste los entregue a nuestras comunidades», explicó el dirigente indígena. Sinembargo, ignoran cuánto tiempo tardará recuperar los territorios para las familias restantes. Pero seguirán con su arma de siempre, la paciencia y contando con el apoyo de instancias oficiales y privadas como la Gobernación de Córdoba, el Estado Mayor del Ejército, en cabeza de la Brigada 11, Acción Social, Consejerías, organismos de derechos humanos, Contraloría Nacional y algunas alcaldías, que facilitaron el camino para acelerar la entrega de territorios, según lo reconoce el propio cacique mayor.
A tiempo que el Resguardo pide respeto a su identidad cultural y a sus costumbres, su gente gestiona proyectos productivos para sembrar cultivos que son la base alimentaria como yuca, plátano, ñame, fríjol, maíz, arroz, batata y otros. Ahora tendrán acceso a muchas ayudas y programas, por ser una «entidad geopolítica legal de carácter especial» que recuperó territorio a punta de paciencia.
