Los pequeños y medianos mineros dijeron que se cansaron de tantas reuniones, acuerdos que no son nada y promesas que se lleva el viento.
Caucasia. El gremio minero está otra vez con todas las alertas encendidas al anunciar la realización de un paro nacional a partir del 18 de febrero, en momentos en que insiste en que el Gobierno lo que quiere es acabar con la pequeña y mediana minería, lo cual sumiría en dificultades económicas a centenares de familias que tradicionalmente han vivido de esta actividad.La declaratoria de cese de actividades no es ninguna actitud caprichosa o impensada. A juicio de sus líderes, es el resultado de gran número de reuniones con altos funcionarios del Estado en busca de acuerdos que permitan seguir trabajando en la extracción de minerales, especialmente del oro, y gozar de seguridad y estabilidad. Esto no lo han logrado a pesar de tantas reuniones y conversaciones. Al contrario, se ha violado la palabra empeñada.
Los últimos acontecimientos se remontan a la fecha inaugural del Centro de Formación Minero Ambiental a fines del año pasado en El Bagre, cuando se habló por primeraa vez de la «noticia criminal», consistente en supuestas informaciones anónimas que recibían las autoridades sobre los mineros y de una vez montaban un operativo, decomisaban y destruían maquinaria y hasta privaban de la libertad a más de un trabajador, sin mayores consideraciones.
Durante la ceremonia de El Bagre, el presidente de la Asociación de Mineros del Bajo Cauca, Ramiro Restrepo Guerra, puso esto en conocimiento del gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo; de la vice ministra de Minas, María Isabel Ulloa y de la secretaria de Minas de Antioquia, Claudia Cadavid, entre otros. Los altos funcionarios convocaron a una reunión en Bogotá el 11 de diciembre, para analizar tales operativos, que se dan a pesar de estar en el proceso de formalización y legalización minera. “A esta reunión de la mesa de concertación no asistió la Fiscalía, que según el Mindefensa, es la que ordena dichos operativos, con base en algo nuevo que se inventó el Gobierno basado en denuncias anónimas, a las cuales dan toda credibilidad», comentó el dirigente gremial en la reunión decembrina de Bogotá y citó casos ocurridos en Cuturú y Ayapel.
En esa misma ocasión, Maurició Gómez, presidente de Conalminercol, preguntó por la suerte de mineros que estando en el proceso de legalización continúan trabajando. La respuesta fue tajante: deberán afrontar las consecuencias en caso de que a la Fiscalía le llegue “una noticia criminal”.
Al término de la reunión, los voceros de la minería regresaron con la moral por el suelo y «peor que antes» de iniciar el último paro, levantado precisamente con la firma de un acuerdo político , a su juicio violado por el Gobierno porque nunca fue elevado a la categoría de acto administrativo, no tiene ningún valor jurídico y se viola constantemente.
Tampoco fue considerada la propuesta de extender a la minería del oro y del carbón los certificados temporales. Cabe anotar que los dirigentes del Nordeste, exteriorizaron su preocupación, porque quedarían sin trabajo unas 40 mil personas de la región y reiteraron su apoyo a la lucha por estas reivindicaciones.
«Estamos cansados que nos inviten a comer pollo»
Los mineros anuncian que no asistirán a una nueva mesa de concertación convocada por la viceministra de Minas y se ratifican en el paro del 18 de febrero.
“Con todas estas trabas, el Gobierno lo que quiere es acabar con nosotros, eso es política de Estado”, subrayó en esa oportunidad Ramiro Restrepo. Por esta razón y muchas más, el gremio pidió al Congreso que se reconozca la actividad de los pequeños y medianos mineros. Su gran interlocutor y mediador ha sido en esa corporación, el senador Jorge Robledo.
Otra preocupación es la expedición de un decreto que reglamenta el Registro Único de Comercializadores de Metales, Rucom, que las autoridades ya exigen en las compras de oro, hasta el punto de decomisar metales si no se tiene dicho registro
“Quienes no estén inscritos en el catastro minero no pueden conseguir el Rucom, por lo que legalmente no pueden transportar ni comprar oro”, explicó Restrepo Guerrero.
Frente a todos estos antecedentes, no fue extraño que se hablara de paro en una «cumbre minera» cumplida el pasado 24 de enero, para antes del 18 de febrero pero sin fijar la hora cero.
¿Por qué el 18 de febrero? Porque la viceministra de Minas, María Isdabel Ulloa, convocó una nueva mesa de concertación, a la cual no asistirá el gremio minero, cansado de tantas reuniones y de tanta palabrería.
El presidente de Asomineros graficó asi la situación: «ya estamos cansados de que nos inviten a comer pollo en el noveno piso del Ministerio de Minas, sin tomar medidas y conclusiones que beneficien al gremio, ya que es política de Estado erradicar los pequeños y medianos mineros del país, en beneficio de las multinacionales”.
En esa cumbre minera estuvieron presentes el presidente de Conalminercol, Mauricio Gómez, alcaldes y funcionarios del Bajo Cauca; los diputados Jorge Gómez y Rodrigo Mendoza; los delegados Rubén Darío Gómez, Ricardo Palacios Luna, de Buenaventura; Federico Taborda, del Chocó; Álvaro Echavarría del Nordeste; Gustavo Lezcano, de Segovia y Remedios; Javier Ávila, de Segovia; Richard Tirado de El Bagre; Carlos Ignacio Vélez, de Zaragoza; Sahir Bedoya, de Nechí y los abogados Ana María Espinosa y Edwin Ortiz, entre otros. No alcanzaron a llegar Ángelo Andrés Verón, de La Guajira y Sergio Varón Moreira de Guainía.
El 30 de enero, el Comité Ejecutivo ratificó el paro para el 18 de febrero.
A propósito, el presidente de Asomineros al invitar a la unión y a ponerse la misma camiseta, hizo algunas reflexiones que se resumen asi: «Caucasia con los pequeños y medianos mineros, tiene un grado de desarrollo superior a Montelíbano y El Bagre que tienen grandes empresas, al igual que El Cerrejón en La Guajira. Estamos en la obligación de defender el sagrado derecho al trabajo de los mineros y compradores de oro, por lo que nos corresponde movilizarnos, ya que con las marchas pacíficas no hemos conseguido nada, ante el incumplimiento del Gobierno nacional, a pesar de la firma de tres acuerdos, el último firmado por tres ministros de Estado, para el levantamiento del paro minero de 2013. De las 150 minas registradas en el laboratorio piloto para la formalización y legalización de las minas, hasta la fecha no han legalizado ni una.
«Si el Gobierno cree que nos vamos a dejar sacar de esta actividad ancestral, está totalmente equivocado, ya que si todos nos ponemos la camiseta del mismo equipo, ganaremos esta pelea».
