En una verdadera tragedia se ha convertido para centenares de mineros de bien, la destrucción de sus máquinas y herramientas de trabajo.
Los municipios mineros están expuestos hoy, a la incertidumbre que suscita los embates de un Estado que perdió poder y en su afán de recuperarlo, viene recurriendo no a la esencia del Estado social de derecho, sino a la naturaleza punitiva del Estado policía. Los mineros de esta tierra de paz y bien, son vistos como ilegales, porque el gobierno nacional está pasando por alto, que en otrora se ha reconocido al Bajo Cauca como la primera subregión productora de oro del departamento, contribuyendo así al fortalecimiento económico de Antioquia y la misma Nación.
Todo lo anterior deviene de una crisis institucional que muestra la incapacidad del Estado para resolver conflictos sociales. Ni los operadores políticos cuentan con los instrumentos, ni al parecer con la voluntad, para aplicar fórmulas jurídicas para que se mitiguen y extingan las reprochables capturas de mineros que terminan siendo una tragedia familiar por su parecido a un derrumbe fenicio, que nada dejan a su paso, más que la sensación de un inmenso vacío.
Se requiere entonces, de un compromiso auténtico para que en nuestra subregión se tenga en cuenta la dimensión ética de los derechos humanos, que se fundamenta en una vida digna para todas las personas que componemos un cuerpo social que ha vivido de la minería.
