La Apartada, Córdoba. Dicen que cualquier obra que se construya debe servir para beneficiar y mejorar la calidad de vida del hombre y de las comunidades.
En el corregimiento de Puerto Córdoba, llamado también Puente San Jorge, sucede todo lo contrario. Más de 60 familias viven a esta hora en medio de una zozobra porque la construcción del nuevo puente acabaría con los 11 restaurantes donde más de medio país se detiene allí para deleitarse en cualquier época del año con un buen sancocho de bocachico o una posta de bagre frito con patacón. Es una costumbre, una tradición, que está a punto de irse a pique. Y lo peor es que la comunidad está sola. No sienten por ejemplo el acompañamiento de la alcaldesa Katia. Paz, quien les habría prometido que la obra no pondría en peligro la venta de pescado fresco y de comida. Pero la alcaldesa recogió un listado de los potenciales damnificados y no volvió a aparecer. Los dueños de los 11 puestos de venta de pescado fresco, también están preocupados.
Cerca de 60 personas se arriesgaron a contratar un abogado para que pusiera una tutela a Invias o al Ministerio del Transporte por daños y perjuicios y por obstruir el derecho al trabajo. También se han reportado grietas en paredes y pisos de las casas que atribuyen al uso permanente de vibradores.
Para tal fin fue contratado el abogado Fabio Alberto Támara Baloco, quien les hizo firmar cerca de 60 poderes individuales y luego desapareció. Nadie sabe adónde anda ni cuándo vuelve ni mucho menos qué diligencias ha adelantado. Los habitantes del poblado solicitaron desde tiempo atrás que les permitieran trasladar sus negocios a orillas de la nueva variante construida por el puente nuevo, pero presuntos funcionarios de Invías dijeron que no. También es incierta la suerte que correrán otros negocios. Pero todos insisten en que no se quite el puentre viejo para que sirva de paso a los vehículos que quieren ingresar a comer. Si ninguna de sus solicitudes se dan, entonces expresan que se irán a otra parte no sin antes exigir indemnizaciones.