Montería. A pesar de los esfuerzos que se hacen en los procesos de restitución de tierras, grupos de bandas criminales al servicio de narcotraficantes y neoparamilitares, amenazan a los campesinos que se atreven a volver al surco de su propiedad. La preocupación fue evidenciada durante una de sus recientes venidas a esta capital por Alvaro Villarraga Sarmiento, presidente y asesor de la Fundación Cultura Democrática e integrante del Consejo Nacional de Paz de la Comisión Nacional de Reparación y Conciliación. Esta circunstancia ha sido el principal «cuello de botella» para avanzar en las pocas regiones adonde la Agencia de Restitución de Tierras, ACR, ha hecho entrega formal de predios.
«Lamentablemente las medidas gubernamentales bien orientadas para asentar en sus lugares de origen a los campesinos desplazados por la violencia, no llegan a buen término, porque a pesar de que fallan los jueces de tierras, viene el presidente y hace la entrega, se dan las restituciones y se anuncia al país la buena nueva, no hay garantías de seguridad en la región. Los grupos armados posteriores a las AUC amenazan a los campesinos, mantienen el control y hay versiones de una resistencia violenta armada contra los que quieren retornar. Se habla incluso de reuniones efectuadas en Urabá y de utilización de estos grupos ilegales para amenazar y agredir. Recientemente han muerto tres líderes del grupo de reclamantes de tierras en Montería y Valencia. Sumando Urabá y Córdoba, ya van 15 muertes y 65 en el país», explicó Villarraga Sarmiento.
Refiriéndose a la actividad ganadera, Villarraga calificó de «dramática» la situación no sólo men Cñordoba sino en todo el país porque «existen 19 millones de hectáreas de tierras que están dedicadas o bien a ganadería extensiva o están ociosas. Esto ha sido puesto de presente no solo en la mesa de La Habana, donde se discute el proceso de paz. Las Naciones Unidas, a través del Pnud sacaron el informe Razones de Esperanza, dos años antes de las negociaciones de paz, y analizan la situación agraria, establecen un diagnóstico que precisa una alta concentracion de tierra en Colombia, de las más elevados del mundo. Y hay un cuestionamiento a los 19 millones de hectáreas ociosas. Aqui no se necesita romper la frontera agrícola, hay es que cerrarla; porque hay una ganaderización exagerada.
Con respecto a quienes se dedicaron a la actividad ganadera de una manera sana, también se sumaron -vía ganadera- otros que llevaron a una deformación de hechos ligados al paramilitarismo, al narcotráfico y al desplazamiento forzado.
«En 14 municipios cordobeses hay grupos sucesores del paramilitarismo, grupos armados ilegales que de alguna manera proceden también de alli con nuevos reclutamientos y que están ligados al narcotráfico, al control territorial y han cometido una serie de violaciones, asesinatos, extorsiones, siembra de cultivos ilegales. Esos municipios entre otros, son Tierralta, Valencia, Montelíbano, Puerto Libertador y están especialmente en el sur de Córdoba, ligados a la ruta del narcotráfico, de cara hacia la Costa y las serranías donde hay extensos cultivos de coca».
