Mientras no se tengan todos los documentos en regla no debe permitirse la explotación.- Con el pretexto del trámite se ha trabajado desordenadamente, sin control, con inseguridad y se ha atentado contra el medio ambiente, precisa el funcionario.
Caucasia.– Por considerar contrario al deber constitucional de proteger las riquezas naturales de la Nación y el derecho a un medio ambiente sano para los colombianos, la Defensoría del Pueblo que regenta Jorge Armando Otálora Gómez, presentó en Bogotá demanda de inconstitucionalidad contra uno de los apartes del artículo 165 de la Ley 685 de 2001, se supo aquí.
De acuerdo con esta norma, si un agente minero que opera sin título inicia su proceso de legalización, la Fiscalía no puede ejercer acciones penales en su contra hasta que la autoridad ambiental resuelva dicha legalización, como tampoco podrán las autoridades administrativas locales tomar medidas para suspender la actividad minera y proceder al decomiso de materiales en esos complejos que operan sin el lleno de los requisitos legales.
Así las cosas, El Defensor resalta que «la norma permite que las minas sin título funcionen sin control, favoreciendo la explotación, transporte, aprovechamiento y comercialización de materiales sin las condiciones mínimas de seguridad, y al margen de las disposiciones ambientales, laborales, de seguridad industrial y salud ocupacional pertinentes».
Por ello considera que el artículo viola los principios de protección a los recursos naturales y al medio ambiente, y resulta contrario al deber del Estado de garantizar un orden justo, máxime cuando según cifras oficiales a mayo pasado, hay cerca de 3 mil complejos de extracción que aún están en proceso de formalización, y que por lo anterior constituyen un escenario de riesgo ante posibles accidentes, contaminación de fuentes hídricas y presencia de grupos ilegales.
“La actividad minera que se ejerce sin el lleno de los requisitos legales genera altísimos costos para la naturaleza, la seguridad de los ciudadanos y los deberes relacionados con la prevención de daños ambientales y ecológicos”, subrayó Otálora Gómez tras radicar la demanda ante la Corte Constitucional. La Defensoría espera que con el ejercicio de esta acción se habilite a la Fiscalía y a autoridades locales para ejercer acciones contra la minería ilegal, de tal manera que contribuya definitivamente a detener este fenómeno que ha causado lamentables tragedias ambientales y humanas en el país.
