Tras analizar 31 planes de gobierno de aspirantes a alcaldías de los seis municipios del Bajo Cauca, el tema de la paz no parece estar entre sus prioridades.
El Bajo Cauca es una de las regiones del país que más retos tiene en la aplicación de los acuerdos de paz que se logren en La Habana. Esto se debe, entre muchas otras razones, a que en la región predomina una economía de mercado vinculado a la ilegalidad, como la minería informal y la siembra de hoja de coca con fines ilícitos.
Esa realidad hace que algunos habitantes del territorio sean escépticos a los diálogos de paz sostenido entre gobierno Santos y las Farc. De firmarse los acuerdos, no creen que serán beneficiados en el corto o mediano plazo.
“En la vereda donde vivo, un hombre de esos que vigila por ahí, me dijo que era mejor que no anduviera hasta tarde porque no respondían. No debemos andar ni muy temprano ni muy tarde de la noche”, manifiesó Isabelina, madre de dos hijos y habitante en el área rural del municipio de Nechí. Isabelina, a la que le cambiamos su nombre por discreción, sufrió los rigores del desplazamiento forzado en el 2010, sin nunca darle una explicación clara de por qué debía abandonar la parcela en la que vivía con su señora madre. “Permanecí año y medio pagando arriendo en el pueblo, viviendo de trabajar en casas de familia”, dijo. Añadió que el ambiente ahora es más tranquilo, pero no está exento del control de hombres que ella ignora a qué grupo armado pertenecen. Aunque la situación sigue siendo crítica en esta región de Antioquia y se vienen grandes retos en materia de aplicación territorial de la paz, para el Instituto Popular de Capacitación, sorprende que los actuales candidatos a las alcaldías no estén analizando el tema con la debida seriedad.
“Los programas de gobierno de los candidatos a las alcaldías del Bajo Cauca no están considerando el territorio como un escenario de posconflicto. En los temas de paz, víctimas y tierras, no dialogan con la región ni con la apuesta nacional. Y no se corresponden ni recogen los diagnósticos generados por la sociedad civil en el Bajo Cauca, como el Pacto Ciudadano por los Derechos Humanos, presentado en octubre de 2014”, recordó Diego Herrera, investigador del IPC. Este antropólogo hizo un análisis cualitativo de los 31 programas de gobierno de candidatos a las alcaldías de Nechí, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Tarazá y Zaragoza. Y lo encontrado le llevó a emitir una alerta temprana entre los periodistas de la región.
“Dentro de su Plan de Desarrollo, el gobierno nacional planteó tres elementos sustanciales que son transversales a toda su política: paz, equidad y educación. La paz tiene que ver con un acuerdo político que está pasando en La Habana, pero tiene que pasar necesariamente por lo local, y muchos candidatos no lo están contemplando”, precisó el experto.
A su juicio, la ciudadanía debe estar alerta para debatir con los candidatos sobre estos temas, pues en la región aún no se impulsan suficientemente aspectos contemplados en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, como son el acceso a la verdad para víctimas de homicidios, masacres y desaparición forzada. “En la región prevalece un enfoque de atención inmediata a la población desplazada, pero hay que contemplar el apoyo a las víctimas de otros tipo de afectaciones”, aseguró Diego Sierra.
El IPC desarrolla en el Bajo Cauca el proyecto “Agendas territoriales hacia la paz, la reconciliación, la equidad, la inclusión y la democratización de la vida social y política en las subregiones de Urabá y Bajo Cauca antioqueño”, con financiación del Fondo Sueco-Noruego, FOS, países garantes del proceso de paz de La Habana.
Por medio de este proyecto se quiere aportar a la construcción de agendas propias del territorio para asumir el reto de la paz según el contexto local.
