Caucasia.- En el gremio minero existe expectativa por la expedición de dos decretos reglamentarios sobre clasificación y definición de áreas estratégicas, una nueva figura contemplada en el PND, según Ramiro Restrepo Guerrero, presidente de Asomineros Bajo Cauca.
Las áreas estratégicas están compuestas por predios libres sin título o con áreas en devolución, como unos terrenos titulados a Mineros S.A. en Cuturú. La Dirección Nacional de Estupefacientes en liquidación, entregó a la Unidad Nacional de Reparación de Víctimas, que dirige Juan Camilo Morales en Bogotá, varios predios en esta región: tres en Ayapel, dos en Uré y tres Cáceres, que beneficiarían a cerca de 2.000 personas, reveló Restrepo.
El Gobierno consideró que en 233 municipios se realiza minería criminal y que en 2012 vertieron 205 toneladas de mercurio a los ríos del país; literalmente le declaró la guerra a la minería criminal. La generalización y la vehemencia del anuncio causaron incertidumbre y preocupación en las zonas mineras, especialmente a los pequeños y medianos mineros que tradicionalmente han desarrollado esta actividad desde sus ancestros. Los mineros informales manifestaron que no es justo que el gobierno generalice y los estigmatice. “Prácticamente se le declaró la guerra a todas las familias que viven de la minería. Somos un enemigo interno que hay que luchar contra él”, dijo Federico Taborda de la Federación de Mineros del Chocó.
El viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto, dijo que nunca se les ha declarado la guerra a la minería que cumple con la normatividad minera y los procedimientos técnicos y ambientales. “Los mineros informales están tranquilos y complacidos con esta estrategia de control a la minería criminal, ya que ellos son las principales víctimas de esta práctica. La estrategia afecta a las organizaciones y grupos criminales, no a las personas que de buena fe están buscando mejorar las prácticas técnicas mineras y ambientales, sus aspectos sociales, económicos y jurídicos. Para ellos se ha diseñado una política de formalización que está avanzando”, indicó Fernández de Soto.
El ministro de Minas, Tomas Gonzales, insiste en que el Gobierno Nacional apoyará los mineros que quieran y puedan hacer una actividad bien hecha, cumpliendo todos los requisitos que exige la ley.
Por su parte el ministro de Ambiente Gabriel Vallejo, explicó que la ley del mercurio hace dos años fue presentada al Congreso y se trabajan en su implementación. Quienes hacen minería legal y utilizan mercurio, deben ir disminuyendo progresivamente su uso.
“Lo que les preocupa a los pequeños y medianos mineros, es que cuando las autoridades gubernamentales actúan, no diferencian entre el que es una bacrim, el que tiene maquinaria o el que está practicando la actividad para subsistir. Preocupa que no se discrimine entre uno y otro y el Gobierno llegue quemando las máquinas y arrasando, porque los mineros artesanales no tienen la documentación para demostrar que son legales, pero de manera informal y que se encuentran en el proceso de legalización, pero con la normatividad existente se les hace difícil cumplir con los requisitos”, dijo Robert Vásquez, secretario de Minas de Bolívar.
