Las clases se reanudan el ocho de febrero y entretanto, se siguen adelantando las gestiones que debe cumplir toda universidad nueva.
Montería.- Un pool de cinco abogados y dos asesores indígenas conforman el «contrataque» de la Universidad Indígena y cultural Jacinto Ortiz, cuyo cierre fue ordenado en noviembre pasado mediante resolución del Ministerio de Educación Nacional.
El centro de educación superior, en menos de seis años experimentó una creciente aceptación hasta el punto que contabiliza 734 estudiantes, 44% de los cuales es de extracción netamente indígena; 25% de afrodescendientes y el porcentaje restante de otras etnias, de estratos bajos y de recursos económicos reducidos.
La resolución ministerial anunció sanciones, además del cierre, al argumentar que el centro docente estaba ofreciendo programas sin permisos legales en un territorio no indígena. Calificó de «estafadores» a los directivos al no hacer ningún trámite ni entregar documentos al MEN.
La sorpresiva noticia movilizó a estudiantes, profesores y directivos en defensa de la Universidad Indígena y prepararon una argumentación para rebatir las querellas ministeriales toda vez que la Unicjao, sí ha presentado documentos, ha hecho trámites oficiales y tenido visitas de Inspección y Vigilancia, actas de las cuales hay copias en sus archivos.
El rector, Elías Villalba González, con tono pausado, expresó que el MEN está muy «desinformado y desactualizado» con respecto al claustro educativo. El 9 de diciembre la Universidad respondió y el 30 del mismo mes el MEN se ratificó en sus decisiones: había que cerrar y sancionar. Se pudo establecer que la ofensiva estaba comandada por la viceministra Natalia Ariza Ramírez, quien arreció sus declaraciones en los medios contra la Unicjao. Su supuesta obsesión para cerrar la Universidad Indígena llegó hasta el envío del siguiente twitter: «Estudiantes de Unicjao no se dejen engañar. Esa U no cuenta con los requisitos legales para funcionar». Entretanto, la ministra Gina Parody ha guardado silencio.
Esta situación ha derivado otros rumores y comentarios como los que apuntan hacia el interés de una alta funcionaria de otra universidad de Montería, interesada en dicho cierre porque Unicjao le «está haciendo un hueco».
El Resguardo Zenú del Alto San Jorge,al cual pertenecen más de 180 cabildos indígenas en Córdoba, exteriorizó su apoyo a Unicjao y protestó contra la actitud de la viceministra. Otrotanto hicieron la Mesa de Desplazados Municipales de Montería y la Federación Colombiana de Consejos Regionales.
En la zona de Urabá respaldaron a Unicjao los asentamientos de Afronec y Afrocurrulao; las comunidades indígenas de Bocas de Palmitas, Polvillo, Naranjales, Alto San Juan, Paraiso; los resguardos de Arenera, Dokerasavi, Arcua y el Consejo Comunitario de Bocas del Atrato y Leoncito. También se pronunciaron Afrocereté y la comunidad indígena sucreña de Chinchelejo.
La protesta se ha extendido a todo el territorio nacional y numerosas organizaciones civiles y étnicas, preparan movilizaciones. Se ha estado rumorando con fuerza que cerca de cinco mil representantes de diferentes comunidades se tomarían en breve la sede del Ministerio de Educación en Bogotá y pedirían la destitución de la viceministra y de la titular de la cartera.
Al mismo tiempo, el pool de abogados y asesores trabaja intensamente para rebatir al MEN mientras la Autoridad Indígena, conformada por un Grupo de Ancianos, constituidos en una especie de Consejo Superior, ha dicho que la Universidad no se cierra y sus actividades académicas -Derecho, Sicología, Trabajo Social y Medicina- se reiniciarán el ocho de febrero.
Los abogados presentarán una tutela para que se dicten medidas cautelares que viabilicen la U. ante el Ministerio de Educación.
A su turno, el rector Villalba González, dijo que le gustaría sentarse en una mesa de concertación con el presidente Santos, la ministra Parody y voceros indígenas que claman por una educación propia. «Los pueblos étnicos han sido los más violentados durante las últimas cuatro décadas y en aras de una tranquilidad duradera Colombia debe abrirse a una educación más democrática que genere paz y equidad».
En el mismo sentido añadió que «los pueblos también tenemos derecho a educarnos bajo nuestra propia autonomía como lo demandan los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos».
