A pesar del proceso de paz, los terratenientes no van a ceder ni un centímetro de tierra.
El senador Uribe es especialista en generar opinión con medias verdades o mentiras, y sus áulicos que no son pocos trinan y colocan como coordenadas catequísticas infundios que no tienen nada que ver con la realidad. Caballo de batalla ha sido decir que el gobierno Santos es castrochavista. Sus correligionarios han asumido la frase como una antibandera de lucha para oponerse al proceso de negociaciones entre gobierno y Farc.
La realidad es que Santos es claro representante de la clase económica rica que siempre ha manejado este país, es un neoliberal decidido y marrullero. Esto no está en contradicción con su deseo de negociar el fin del conflicto que necesitamos todos los colombianos sin más dilación, y que desde luego también favorecerá los intereses económicos de terratenientes y capitalistas.
Los terratenientes no van a ceder un centímetro de tierra. Lo contrario, a iniciativa del gobierno de manera casi silenciosa se tramitó en el Congreso en un abrazo entre los partidos de gobierno y uribistas y fue sancionada por Santos la Ley de las llamadas Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres), que ni más ni menos entregaría a grandes inversionistas nuestra última frontera agrícola en el Vichada (cuatro millones de hectáreas), pero que también abarcaría territorios del Catatumbo y sectores de la Costa Pacífica. Entre los beneficiarios estaría el hombre con mayor riqueza del país, el Sr. Luis Carlos Sarmiento Angulo, también los Santodomingo, ingenios como Manuelita, Germán Efromovich, entre otros. No importa que estos territorios ricos en biodiversidad estén habitados por colonos o comunidades indígenas. Se las ingeniaran para maquillar los desplazamientos o para convertirlos de dueños a peones. El desastre ecológico será de proporciones inimaginables.
Una cosa es el discurso medioambiental del presidente Santos en Río o París y otra el lastre que está dejando en esta materia. Estamos ante una crisis aguda de sequía no solo por la falta de lluvias, sino porque muchos de nuestros ríos han desaparecido o están agonizando, arrasados por la minería legal e ilegal, la tala de los bosques, los cultivos agroindustriales, su utilización como cloacas de las industrias y de las basuras. Este país del que nos vanagloriábamos era rico en agua, va a sufrir por su escasez cada vez más. El gobierno permite su mala utilización, como en los casos de las represas que están acabando ecosistemas.
La del Quimbo ha sido caso emblemático casi en el nacimiento de nuestro gran río de La Magdalena. De la mano de Hidrochina se proyectan cuatro nuevas represas entre Huila y Tolima que dejarían agonizante nuestra principal fuente hídrica.
Otra perla es la venta de Isagen, así tuviera en contra a las grandes mayorías. Se está entregando ni más ni menos parte de nuestra soberanía energética y ambiental, unas 23.000 hectáreas de bosques, espejos de agua y amplia biodiversidad. ¿Qué gobernante, en este momento de la historia, cede por dinero a extranjeros el recurso hídrico de su Nación? Ninguno. Para cualquier ser humano hoy, por sentido común, es preferible contar con agua potable para subsistir, por encima de contar con miles de kilómetros de carreteras para morirse de sed en su trayecto. Pero se están pavimentando y fortaleciendo las candidaturas presidenciales del vicepresidente y del ministro de Hacienda y poco a poco la del “directorcito de planeación”, hijo de César Gaviria quien fuera hace 25 años adalid del neoliberalismo.
Desde el principio hemos debido tenerlo claro, una cosa es la política económica de este gobierno, netamente neoliberal y del lado de los ricos y otra cosa es la imperiosa necesidad de terminar una guerra absurda que no trae más que dolor y muerte. Esperamos que la sensatez de los ciudadanos se sobreponga a estos duros golpes del establecimiento y cuando sea el momento con su voto ratifique unos acuerdos que van a poner fin a un conflicto que tanto mal ha hecho al país
