El conflicto en Colombia no era solo con las Farc. Es y sigue siendo con toda la cadena de la corrupción y el secuestro del patrimonio público y el presupuesto de la Nación.
Se firmó el acuerdo final para terminar el conflicto: Gobierno-Farc. Viene la implementación que es un proceso largo y complejo en el que todos los colombianos debemos participar creativamente.
La historia, terminará reconociendo y valorando el esfuerzo y la sensatez de los negociadores de La Habana y el tesón del presidente Juan Manuel Santos para hacer primar el interés general, sobre los apetitos partidistas e individuales.
Ahora nos enfrentaremos a esa plaga que invade el dolor de las víctimas, esquilmando sus pingües reconocimientos con cobros para tramitar el reconocimiento de sus derechos y el otorgamiento de tierras. En todo el país, vemos cómo surgen organizaciones “sin ánimo de lucro” para caer como buitres sobre los derechos de las víctimas, haciéndoles pagar cuotas para que lleguen a los beneficios que el Estado y la sociedad les otorga, en horabuena.
Estas sanguijuelas sociales, chupan la sangre de los desplazados, despojados, huérfanos y viudas, para agenciar sus “derechos” ante la politiquería y las mafias que se van gestando en los territorios para tramitar los intereses de las víctimas de las múltiples violencias y violaciones. El uso de las tierras que se originan en la extinción de dominio, debe ser vigilado con lupa por los organismos de control, ya que en muchas de estas asignaciones no son todos los que están ni están todos los que son. Hay mucho vivo, o mejor, delincuente, colado entre las víctimas usufructuando tierras destinadas a campesinos despojados, desplazados, victimizados, mientras estos continúan hacinados en tugurios, sin esperanza alguna.
El conflicto en Colombia no era solo con las Farc, es y sigue, con toda la cadena de la corrupción y el secuestro del patrimonio público y el presupuesto de la Nación, que mata de hambre a los niños de la guajira, que envenena las aguas de nuestros ríos con mercurio y metales pesados ante la omisión o complicidad de las instituciones que deben evitarlo, que desaloja a nativos y establece multinacionales en los territorios ancestrales, que condena a muerte a los enfermos que buscan los servicios de las empresas de salud que les han convertido en clientes y les olvidan como pacientes, la lista es larga y todos la conocemos.
