El Defensor del Pueblo puso en estos días el grito en el cielo al denunciar las condiciones infrahumanas en que permanecen los reclusos de la cárcel Bellavista, de Bello, Antioquia. Esta cárcel reemplazó desde los años 70 a la destartalada Ladera, levantada en un costado oriental de las cumbres que bordean a la capital de Antioquia.
La voz del Defensor del Pueblo es otro grito ahogado de los muchos que de cuando en cuando se escuchan en este país lleno de gente buena y de gobernantes pacatos, insensibles y solapados. Los 138 penales existentes tienen capacidad para 76 mil personas, pero los ocupan 117 mil.
Más que preocupación por la suerte de los presidiarios, el alto funcionario quiso darse un champú de publicidad en el puesto que regenta desde hace poco tiempo cuando un escándalo de faldas hizo caer en desgracia al titular anterior, Jorge Armando Otálora. La situación de Bellavista es la misma de todas las cárceles de Colombia y es conocida por el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la Procuraduría, el Minjusticia y el alto Gobierno. Se rasgan las vestiduras, se horrorizan, exteriorizan indignación pero de ahí no pasa el asunto y todos quedan contentos. Aquello de que con la cárcel hay que ayudar al hombre a su regeneración para retornar a la sociedad, es puro cuento. Las prisiones colombianas corrompen a los inocentes y gradúan a los hampones. La ciudadanía no cree en manifestaciones de alarmas como la que nos ocupa. Quiere hechos, resultados. o meras expresiones de asombro hipócrita.
