A los ciudadanos del común nos asiste la obligación de no adaptarnos al mundo sin objetar, sino asumir un lugar y momento para transformar.
Robert Klitgaard, considerado “el principal experto mundial sobre corrupción”, ha sido un notable estudioso sobre el tema. Entre sus méritos está haber asesorado en políticas anticorrupción a más de 30 países de América Latina, Asia y África. Por más de una década viene insistiendo que existe un grupo de causas que le dan vida a este lastre. He tomado tres de ellas como las más importantes en el contexto colombiano: la primera se encuentra en la ineficiencia, al reducirse la calidad del servicio que las entidades públicas prestan se crean estímulos para que el usuario ofrezca dinero o se tome como un favor la obtención del servicio; ahí se establece un arreglo tácito donde la obligación de prestar un buen servicio se convierte en una transacción.
La ineficiencia está asociada al pobre funcionamiento de los sistemas de calidad, de organización y de control, lo que hace difícil diferenciar los efectos de las acciones corruptas, establecer las responsabilidades y aplicar las sanciones. Como son pocos los actos corruptos que llegan a tener resultados judiciales, la idea de la acción indebida-sanción, se desvanece. La segunda causa es la no consideración del relevo por méritos en los cargos con mayores responsabilidades. Bajo esta modalidad, apunta Klitgaard, son designadas personas de confianza, y así se truncan las posibilidades de ascenso de empleados con mayor experiencia y perfil, a la vez que se instaura entre funcionarios el imaginario que la calidad de la gestión no es importante, pues los resultados no generan reconocimientos y se perderán pronto con nuevos planes y prioridades ligados a nuevas administraciones. El estado de ánimo, en general, de los funcionarios públicos es de apatía y falta de iniciativa.
Y, la tercera, el predominio de criterios políticos en la selección del personal, en la asignación de los ascensos, y, lo más grave, en la otorgación de los derechos. A los ciudadanos del común nos asiste la obligación de no adaptarnos al mundo sin objetar, sino asumir un lugar y momento para transformar. Sentir indignación es el primer eslabón de la lucha anticorrupción, este sentimiento permite el reencuentro de los ciudadanos, empoderándolos porque los junta en proyectos comunes y variados liderazgos. El filósofo español José Luis Pardo en su texto “Estudios del malestar”, concluye que la autonomía crítica es la madre de todos los cambios.
