Hace 20 años, Montería vivió la tensión más grande, de los últimos tiempos, por invasión de tierras. Las invasiones fueron infiltradas por la guerrilla y las autodefensas, según el alcalde de la época Francisco Burgos de la Espriella. La situación fue tan grave, que se decretó toque de queda por varios días. Las autoridades sabían que iban a matar al concejal Córdoba. Se conoce 20 años después.
Montería.- Quizás uno de los hechos más sangrientos que registra la historia, fue la matanza y quema de Montería el primero de febrero de 1931, por lucha partidista en época de la violencia. Pero hace 20 años se vivió la tensión y pánico más grande de los últimos tiempos debido a cuatro invasiones de predios privados que empezaron simultáneamente en esta ciudad.
Las tomas de tierras se realizaron en zonas de lo que hoy es Furatena, y sectores aledaños a los barrios Cantaclaro, Mocarí y Rancho Grande. Todos esos lugares pertenecían, y aún lo son, de estrato uno. Eran más de mil familias distribuidas en los cuatro sectores.
Las invasiones comenzaron a finales del mes de febrero del 2000, pero los hechos más candentes se registraron los días 6 y 7 de marzo del mismo año, cuando hubo enfrentamientos con la policía. Como consecuencia de ello todo el comercio cerró y fue decretado toque de queda durante ocho días. La medida empezaba a la 8:00 de la noche, hasta las 5:00 de la mañana.
El alcalde conservador de la época, Francisco Burgos de la Espriella, tomó esa decisión, porque una turba social, de una cantidad indeterminada de personas, llegó al centro de Montería, a eso de las dos de la tarde, tanto el 6 como el 7 de marzo. Los invasores pretendían mostrar el problema a las autoridades y presionarlas para que les dieran solución a sus peticiones. El pánico era total.
El alcalde fue amenazado
Burgos de la Espriella, quien fue amenazado esa vez, recuerda que entre los invasores había personas necesitadas de viviendas residentes en Montería, influenciados por ‘líderes’, que estuvieron apoyados por miembros de partidos políticos de la región. Pero las autoridades detectaron que hubo infiltraciones de la guerrilla, por un lado, y de los paramilitares por el otro.
“Un día bajaba de la alcaldía. Ya estaba abajo y me abordaron unos periodistas. En el momento en que estoy dando las declaraciones se me acerca un tipo y me mete un papelito en el bolsillo de la camisa. Yo no le presté atención. Cuando voy en el carro reviso y me doy cuenta que se trataba de una amenaza de muerte”, explica todavía con cara de asombro el exmandatario.
Pero, a pesar de ese impase, uno de los sucesos que más impactó a Burgos de la Espriella fue el asesinato del concejal conservador Guillermo Córdoba Galaraga, al anochecer del 7 de marzo. También, dos días después, hubo atentado contra otro de los integrantes del cabildo, Óscar Ramírez Rhenals, y amenazas contra otras autoridades de Montería. Córdoba Galaraga había ganado la curul en la corporación, con una alta votación. El miembro del cuerpo edilicio venía desarrollando un trabajo con programas de vivienda, que a la postre se convirtió en bandera para llegar al cargo de elección popular. Uno de los logros que obtuvo, junto con otros dirigentes, fue la creación del barrio Colina Real al extremo sur de Montería.
Las autoridades sabían que lo iban a matar
A los 20 años, de esos hechos, se conoce que las autoridades se enteraron, el 7 de marzo en un almuerzo, en un conocido restaurante de la ciudad, que Córdoba Galaraga iba a ser asesinado. Enseguida, el alcalde Burgos de la Espriella, le avisó para que se ausentara de la ciudad, pero no lo hizo. A las 7:00 de la noche de ese mismo día, se efectuaba un consejo de seguridad en el Comando de la Policía en la calle 29. Allí llegó la noticia de la muerte del concejal. Por esos mismos días se realizó uno de los enfrentamientos más grandes entre los invasores y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), que se estrenaba en Montería. Esa vez, el comandante de la institución, un coronel, recibió un disparo en el tórax. Se salvó porque tenía chaleco antibalas. Ese mismo día, fue incendiado el CAI de Cantaclaro, algunos agentes de la policía resultaron heridos y varios vehículos apedreados. Algunos de los integrantes del Esmad fueron desarmados, les quitaron los escudos, las caretas y hasta los uniformes y botas. Esa vez fue una batalla campal en ese sector del sur de la ciudad, como lo expresó un dirigente que pidió no ser identificado. “A raíz de todos esos hechos, la clase política de Montería emigró. A mí me dejaron completamente solo”, explicó el exalcalde Burgos de la Espriella. A la vez que dice que su familia, la tuvo que sacar de Montería por 15 días y enviarla a Bogotá. Luego, cuando las aguas se calmaron, todas las personas que habían salido, comenzaron a regresar. El expersonero de Montería, Guillermo Vergara Soto, recuerda ese hecho como una experiencia desagradable e inolvidable. Él, junto al comandante del Esmad, delegados de la Defensoría, de Bienestar Familiar y periodistas, estuvieron encerrados en una vivienda del barrio Mogambito, donde se refugiaron, luego de ser atacados con piedras y machetes.
Salieron custodiados por el Ejército
Fueron unas 30 personas las que estuvieron en esa residencia de Mogambito, gracias al sentido humanitario del propietario del predio, quien les dijo: “corran métanse aquí”, cuando los perseguían. Según el expersonero, el hombre que los hizo entrar, era muy apreciado en el sector. Allí estuvieron por espacio de tres o cuatro horas. Ese grupo de personas, tuvo que salir protegidos por tropas del Ejército, las cuales fueron enviadas al sector para rescatarlos, ya que prácticamente habían estado ‘retenidos’ en ese lugar, puesto que los rodeaban las pandillas con armas de fuego, machetes y piedras.
El expersonero relata un hecho bastante curioso: “las delegadas de la Defensoría del Pueblo tuvieron que prestar ropas, zapatos y chanclas en la vivienda donde les dieron refugio, para cambiarse y poder salir del lugar, porque temían ser reconocidas por los invasores. Rafael Chica Guzmán, uno de los periodistas que fue encerrado en el barrio Mogambito, cuenta que esa vez las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) repartieron un panfleto donde amenazaban a las personas que estaban involucradas en esos hechos. Para el comunicador social, el cubrimiento en esas invasiones, fue uno de los acontecimientos de mayor tensión y angustia que haya tenido que reportear en su vida profesional. “Gracias a Dios no nos pasó nada”, reitera agradecido.
Hubo comisión de notables
Pero la exdefensora del Pueblo, María Milene Andrade García, dice que fue una tensión nunca vista en la ciudad. El comercio tuvo que cerrar las puertas debido a los intentos de saqueos de los destechados, quienes eran liderados por unos quince dirigentes.La Defensoría del Pueblo, junto con la Diócesis de Montería, liderada por el obispo Darío Molina Jaramillo, la Caja de Compensación Familiar de Córdoba (Comfacor), a cargo de Juan Francisco Pérez Mercado, el director de El Meridiano, William Salleg Taboada y el propio personero, jugaron un papel importante en la concertación y conciliación de las partes.Para el sociólogo Víctor Negrete Barrera, esta ciudad está conformada por la Montería formal, que son los barrios del norte, nororiente y centro. Pero también está la Montería informal que es la mayoría de la población, del sur, oriente, occidente y extremo norte. Todos esos sectores pertenecen a los estratos uno, dos y tres. Expresa que siempre ha habido necesidad de vivienda para esos estratos, sobre todo el uno. “Pero la mayoría de las viviendas, que se han hecho en Montería, en los últimos años, están dirigidas a los estratos cuatro, cinco y seis”, asegura el investigador social.
“Nunca supe por qué mataron al concejal”
El veterano dirigente del barrio Cantaclaro, Marciano Córdoba Meza, dijo que las familias que invadieron los terrenos lo hicieron por necesidad de vivienda en esa época. “Incluso en estos momentos existe tanta gente que no tiene vivienda, que, si llegan a invadir, resultaría una invasión más grande que la de Cantaclaro, en su momento”, recalcó.
Las invasiones de Cantaclaro se dieron en 1988, en la primera alcaldía popular que le correspondió al liberal Jesús María López Gómez. En esa ocasión se dijo que Cantaclaro era la invasión más grande de Latinoamérica. Allí residen, en la actualidad, cerca de 40 mil personas.
El dirigente expresó que jamás supo por qué mataron al concejal Córdoba Galaraga. Ya que, de acuerdo con averiguaciones hechas por él, y otros compañeros, el cabildante nunca estuvo vinculado con las familias que invadieron los predios en esa época.
Hay que precisar que Montería también tuvo momentos de tensión con el Paro Cívico Nacional del 14 de septiembre de 1977 y ‘las tomas’ de la ciudad por parte de campesinos e indígenas zenúes en la década de los años setentas. Esa vez, la Organización Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) solicitaba tierras para trabajar. Pero el caso más trascendente de los últimos años, fue sin duda, el de las invasiones del mes marzo del año 2000. Hecho del cual mucha gente con solo recordarlo, le da temor por el pánico y el deterioro del orden público que se vivió por esos días en toda la capital cordobesa.
