Dice que hubo preferencias para favorecer a unos pocos.
Montería.- La Superintendencia de Cámaras de Comercio, SIC formuló cargos contra directivos de la Cámara de Comercio de Montería dice que ha habido inadecuada gestión contractual por el presidente ejecutivo de la CCM Félix Manzur Jattin con la participación del presidente de la Junta Directiva Jorge Doria Corrales y uno de los miembros de ese órgano de dirección. La SIC formuló cargos e inició investigación administrativa contra el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Montería (CCM) Félix De la Cruz Manzur Jattin y cuatro directivos más de esa entidad, por presuntas irregularidades en la contratación con varias empresas que tendrían vínculos con esa misma agremiación. La SIC dijo, a través de un acto administrativo, que los otros involucrados son el presidente de la Junta Directiva, Jorge Eliécer Doria Corrales y los directivos, Álvaro Segrith Sepúlveda Salgado, Gloria Inés Díaz Tapia y Mario Fidel Díaz Ibáñez. Los investigados tendrán 15 días hábiles para presentar los descargos. Además, contra esta decisión no procede ningún recurso, de acuerdo con lo expresado por el superintendente, Andrés Barreto González. El contenido de la resolución fue trasladada a la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía con el fin de que adelanten las investigaciones correspondientes. La SIC agrega que desde el año 2015 Manzur Jattin, incumplió los deberes para desarrollar la gestión contractual de la CCM. En particular, habría direccionado la mayoría de la contratación, hacía varias empresas que no reunían las condiciones de idoneidad suficientes y que, además, tienen relaciones entre sí y podrían estar vinculadas con directivos. Esa contratación tuvo lugar sin la planeación suficiente y mediante procesos de selección que no se diseñaron para beneficiar a la CCM, sino para favorecer a las empresas contratistas. En adición, el Presidente Ejecutivo de la CCM ha reiterado la vinculación de las empresas en cuestión a pesar de constantes irregularidades en la ejecución y sin tener en cuenta que los resultados de los contratos que ejecutaban no lo aconsejaban, según la SIC. Entre 2015 y 2020 aproximadamente el 65% de la contratación en Montería se desarrolló con los mismos contratistas. En el periodo referido ejecutó contratos por valor de $19.200.861.071. El 64.8% de ese monto, esto es, $12.443 ́212.429, fue ejecutado en contratos que la CCM celebró con las empresas Alliance, Innovemp, Prosjekt y Rechts. Aunque pudiera afirmarse –expresa la SIC- que la inadecuada gestión contractual del Presidente Ejecutivo, no ha comprometido la situación financiera de la entidad y, por lo tanto, que su existencia misma o su capacidad para operar no están en riesgo, no puede perderse de vista el costo de oportunidad que ese despilfarro ha generado.
Ese costo consistió en que la CCM habría quedado imposibilitada para destinar de manera más eficiente sus recursos, de forma tal que pudiera desarrollar proyectos indispensables para cumplir materialmente sus funciones públicas y gremiales en beneficio de sus destinatarios.
Un buen ejemplo de esta consecuencia se aprecia en lo relacionado con la constitución de sedes, seccionales y oficinas de la CCM. Este es un aspecto relevante para materializar un cumplimiento adecuado y eficiente de las funciones de la entidad, pues el artículo 2.2.2.38.1.3 del Decreto 1074 de 2015 dispone claramente que ese tipo de medidas son idóneas para facilitar la prestación y acceso a los servicios de las cámaras de comercio.
El aspecto que se debe destacar para acreditar la afectación a la buena marcha de la entidad Monteriana, consiste en que, debido a las inmensas cuantías que el Presidente Ejecutivo de la entidad ha invertido con el exclusivo resultado de favorecer a sus contratistas frecuentes, la CCM no ha podido constituir sedes, seccionales u oficinas en municipios de su jurisdicción diferentes de Montería.
Este es un resultado llamativo, pues durante más de cinco años Manzur Jattin ha preferido destinar miles de millones de pesos para que varios contratistas realicen la misma actividad de recaudo en los municipios de Córdoba, pero no ha considerado apropiado abrir sedes de la entidad para que esa gestión pueda ser ejecutada de manera directa, a menos costo y con mejores resultados.
Es importante anotar, para sustentar esta consideración, que otras cámaras de comercio que tienen ingresos comparables con la capital de Córdoba, sí han acometido el proyecto de mejorar sus servicios mediante la constitución de sedes, seccionales u oficinas. He aquí algunos ejemplos:
Cámara de Comercio de Pasto tiene cinco sedes, la de Ibagué, también cuenta con cinco sedes y en el Oriente Antioqueño hay cuatro sedes. La creación de sedes en otros lugares de la región facilitaría en gran medida el acceso de los comerciantes a los servicios de la CCM, que podría destinar las inmensas sumas que ha invertido en los contratos de promoción y recaudo en un proyecto como este, que sí beneficiaría realmente a los comerciantes.
La inadecuada gestión contractual que ha desarrollado el Presidente Ejecutivo de la CCM habría impedido que un porcentaje sustancial de la inversión se dedique a proyectos que beneficien materialmente a los destinatarios de la actividad de la entidad. Un ejemplo podría encontrarse en los recursos destinados para capacitaciones en diversos temas.
Aunque esa inversión es formalmente adecuada debido a que correspondería a una de las funciones gremiales de la entidad, ya quedó claro que, en la práctica, no habría generado resultados tangibles y proporcionales a la cantidad de recursos destinados para ese propósito.
Una de las circunstancias que generarían esos resultados consistió en que la inversión –que habría cumplido su propósito de favorecer a los contratistas frecuentes de la CCM– no habría llegado al público objetivo en las condiciones esperadas y, además, no habría generado resultado alguno en beneficio de los comerciantes. En resumen, los recursos públicos que se han discriminado en este acto deberían gastarse en el desarrollo de los empresarios y comerciantes de la región o en el mismo mejoramiento de la estructura de la Cámara de Comercio de Montería, pero definitivamente no deberían direccionarse a beneficiar a unas pocas empresas.