Piden agilizar cumplimiento de acuerdos recientes.
Caucasia.- En la hacienda Mandinga ubicada en jurisdicción de Cáceres, en inmediaciones de la ciénaga Colombia y el rio Man, el Ejército y la Policía Nacional, realizaron un operativo en contra de la minería ilegal, en el cual destruyeron seis retroexcavadoras e incendiaron otra. Según el boletín oficial la operación militar se realizó siguiendo los lineamientos del Gobierno Nacional en cuanto a la protección y preservación del medio ambiente, en la cual tropas del Ejército Nacional en dos operaciones simultaneas conjuntas y en coordinación con la Fuerza Aérea y la Policía, lograron la ubicación e inutilización de maquinaria para la explotación ilícita de yacimientos mineros en Cáceres y Zaragoza. De esta manera se detiene el ecocidio debido a la remoción del suelo y el subsuelo por parte de la maquinaria amarilla, la tala indiscriminada de árboles y los químicos usados en esta práctica, que afecta las fuentes hídricas de la región que surten de agua estos municipios. En la vereda Rosales sobre el rio Nechí, fueron ubicadas e inutilizadas tres dragas brasileras tipo dragón y una retroexcavadora, al igual que tres unidades de producción minera. Con este resultado se afectan las finanzas ilícitas de grupos al margen de la ley. La Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles seguirá desplegando operaciones militares para reiterar su compromiso en la protección del medio ambiente y el fortalecimiento de la fauna y la flora, especialmente en el Bajo Cauca y sur de Córdoba. El Comité pro paro Minero del Bajo Cauca, Valdivia, Nordeste y sur de Córdoba y Bolívar, que preside Saúl Bedoya, rechaza totalmente la quema de equipos de maquinaria de pequeños y medianos mineros por parte del Gobierno Nacional, agregando que esta no es la solución al verdadero problema. “El gremio minero lamenta profundamente y rechaza enfáticamente la destrucción de equipos de maquinaria, ocurridos en el sector conocido como Mandinga el 14 de julio, hecho que deja sin patrimonio y sin sustento a cientos de familias que dependen de esta maquinaria para las labores mineras”, dice la agremiación por medio de comunicado. “Al Gobierno Nacional, le pedimos agilidad en el proceso de caracterización para la formalización y legalización minera, además de la delimitación de las zonas excluidas o donde se permita desarrollar la actividad de manera formal y tranquila en el territorio. Que se tenga en cuenta los demás verbos rectores del decreto 2235, como: la incautación o decomiso de la maquinaria y el derecho al debido proceso. Le pedimos a los ministerios de Minas, Defensa, Ambiente e Interior y al Presidente Gustavo Petro, un pronto pronunciamiento sobre si van a continuar con los operativos contra la maquinaria amarilla en la región, para prepararnos y volver a las calles, o se van a cumplir los acuerdos pactados para lograr la formalización del pequeño y mediano minero, que dio pie a la suspensión de la protesta pacífica que duró 33 días”, finaliza el comunicado.
