Gobernador de Antioquia y Director de la SAE toman posiciones diferentes frente a la situación de la invasión de tierras en Caucasia.
Caucasia.- Desde el 24 de marzo se inició la invasión más grande que existe actualmente en Colombia, como es la que se presenta en la Hacienda Santa Elena en Caucasia, la cual ha ocasionado un enfrentamiento jurídico entre el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón y el director general de la Sociedad de Activos Especiales SAE, Daniel Rojas Medellín.
El mandatario regional respalda a la Inspección de Policía de Caucasia, que ordenó la recuperación del lote invadido que es propiedad de Juan Gabriel Úsuga Noreña, en aras de defender la propiedad privada. “La decisión de la SAE es una vergüenza y un pésimo antecedente para el país. Avalar vías de hecho lo que hace es socavar el Estado de Derecho. Tenemos la obligación de dar soluciones sociales para la población vulnerable, pero no con la violación de la propiedad privada”. ¿Sientan acaso un precedente que justifica cualquier invasión a la propiedad privada?, preguntó el Gobernador. La respuesta al gobernador de Antioquia fue inmediata de parte del director general de la SAE, Daniel Rojas Medellín, quien manifestó que desde la SAE defienden la institucionalidad de la Constitución y la ley. “La propiedad privada” que usted dice defender tiene una suspensión del poder dispositivo en virtud de una medida cautelar de extinción de dominio. El escenario de defensa de quienes presuntamente han cometido ilícitos es la justicia, la Fiscalía, no la gobernación de Antioquia. Preferimos respetar las decisiones judiciales y no golpear al pueblo en defensa de una “propiedad privada” cuya legitimidad está en litigio. Como para alquilar balcón.
Se recuerda que la hacienda Santa Elena hace muchos años perteneció a Jaime Bermúdez. Actualmente y de acuerdo con las escrituras de los tres lotes que componen el inmueble, figuran a nombre de Juan Gabriel Úsuga Noreña. Posteriormente, Úsuga lo puso a nombre de la sociedad Finca Santa Elena S.A., quien a su vez le vendió una servidumbre a Promigas. En el año 2004 la Fiscalía le embargó a Úsuga Noreña la propiedad con fines de extinción de dominio, supuestamente por narcotráfico. En estos momentos a Santa Elena no lo administra la SAE. Por ser una sociedad el bien es administrado por el agente liquidador de la misma, a través de quien Úsuga interpuso unas querellas y una tutela pidiendo sacar a los invasores del lote.
En un fallo de primera instancia sobre la extinción de dominio, Úsuga salió bien librado, pero el fallo no está en firme, por lo que se espera el fallo definitivo del Tribunal de Bogotá, donde cursa una apelación de cuyo fallo depende la intervención de las autoridades para un posible desalojo.
Con la visita del presidente Gustavo Petro a Caucasia y luego de un plantón de los invasores, el primer mandatario colombiano en su intervención solicitó al alcalde Jhoan Montes Cortés averiguar con hacendados y finqueros de la región por posibles predios que a precios comerciales el gobierno nacional pueda comprar para entregarlas a asociaciones organizadas. También hizo un llamado a la SAE para saber si tienen predios en extinción de dominio, faciliten los trámites para ofrecer soluciones de vivienda a la población. Este pronunciamiento fue mal interpretado por la población, ya que de ahí se derivó el aumento de familias en la invasión en aproximadamente 5.000 familias que se han instalado en ranchos y cambuches con plásticos negros y verdes.
Posteriormente tras la visita del director regional de la SAE Mauricio Urquijo, quien manifestó ante las personas de la ocupación irregular del predio, “sobre este predio no podemos prometer absolutamente ningún derecho de uso, ni tampoco ningún proyecto social, porque tenemos una orden judicial que en este momento no nos lo permite”, dijo Urquijo. A pesar de ello se evidenció el incremento de las personas asentadas en el predio de la referencia que se agudizó con el trino donde defiende a cientos de familias que no deben ser desalojadas sin al menos ser caracterizados y con quien la SAE viene dialogando y buscando alternativas de reubicación.
En declaraciones del secretario General y de Gobierno de Caucasia José Payares Ricardo, manifestó que se han reunido varias veces con los 21 líderes de la invasión, haciendo hincapié en los problemas jurídicos que enfrenta este bien inmueble, considerando de otra parte irresponsables las declaraciones de la SAE, lo cual debe conocer la comunidad. Con relación al predio, desde diciembre de 2017 el Juzgado 3º. Penal del Circuito de Bogotá, especializado en extinción de dominio, declara improcedente la extinción de dominio en contra del dueño del inmueble, porque el propietario señor Juan Gabriel Usuga Noreña presentó las pruebas de haber comprado de manera lícita el inmueble, existiendo además un proceso de apelación del dueño que reclama el predio. «Se ha comprobado que la mayoría de los ocupantes son personas de fuera de Caucasia, que no pernoctan aquí, además de que hay personas que tienen varios lotes, o sea que son oportunistas y comerciantes de lotes, y ahí se presenta el desorden.
La posición del alcalde es la del dialogo con la comunidad. Luego de la depuración, se conocerán los que verdaderamente no tienen vivienda los cuales no serán desamparados». Con relación a los planes de vivienda en el municipio, el funcionario dijo que ya fue presentado el Plan de Desarrollo al Concejo, el cual esperan sea aprobado, donde se encuentra lo relacionado con los programas de vivienda que tiene la administración para este cuatrienio. Tierra Caliente conoció que no solamente en Caucasia se presentan invasiones en Santa Elena y Paraguay, sino en Zaragoza, El Bagre, Nechí y en los municipios de Buenavista, Montelíbano y San José de Uré, entre otros.
